Washington, DC – El representante Raúl M. Grijalva dio a conocer hoy la siguiente declaración en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de derrotar la mayor parte de la ley de inmigración SB 1070 del estado de Arizona, y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) de revocar el acuerdo 287 (g) que permite a ciertos alguaciles aplicar las leyes de inmigración en el estado de Arizona.

“La decisión de hoy revocó una ley que siempre hemos reconocido como un intento de extremistas para socavar nuestros valores y nuestra Constitución. La decisión del tribunal reafirmó que la ley SB 1070 y sus imitadores no son un sustituto aceptable para el estándar federal de inmigración.

La justificación de los estados de inventar sus propias leyes como mejor les parezca ha sido borrada. Ahora es el momento para que el Congreso escuche la decisión de la Corte Suprema. Es nuestro trabajo solucionar este problema. Nadie más tiene la autoridad, y nadie más tiene la responsabilidad de hacerlo. Cualquier persona que quiera mantener el sistema roto y quiera esperar que los estados hagan las cosas peores perdió una gran batalla hoy.

Por desdicha, el Tribunal cometió un grave error al sostener la provisión discriminatoria ‘muéstrame tus papeles’ que viola derechos básicos y niega igualdad ante la justicia. Esta es la parte más venenosa de la ley, y su legalidad será retada ante los tribunales. Este no es el final de nuestros esfuerzos de defender la igualdad para el pueblo estadounidense.

A pesar de un 30 por ciento de población latina en el estado, el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio ha hecho su carrera basada en la discriminación racial. Sus recientes declaraciones son una indicación que no se arrepiente. Por eso es tan significativo que el Departamento de Seguridad Nacional haya anunció hoy que ha terminado su programa 287 (g) con agencias en el estado de Arizona. A funcionarios del DHS se les ha instruido no responder a los aguaciles a menos que el sospechoso cumpla con las normas de prioridad federales, como el ser un criminal convicto o el haber entrado al país después de una deportación previa. Estas medidas significan que los arizonenses serán protegidos contra medidas discriminatorias o ejecuciones selectivas dirigidas por parte de Arpaio o cualquier agencia con la tentación de ignorar mando federal.

Esto se mantiene en orden con peticiones frecuentes de los miembros del Congreso y organizaciones de derechos civiles que se conciernen acerca la larga historia de violaciones de los derechos civiles en algunas partes de Arizona. El gobierno federal ha tomado la decisión correcta y merece nuestro agradecimiento. Ahora el Congreso debe encontrar una solución responsable a la reforma migratoria que promueva el respeto a la ley, mantiene el enfoque en la conducta criminal, y beneficia a todo estadounidense. Las excusas se han agotado para quienes se oponen a la reforma bipartidista. El resto de nosotros estamos dispuestos a terminar el trabajo.”